Miles de hondureños perderán su estatus de protección en EE.UU.

La administración Trump está poniendo fin al estatus de protección temporal para decenas de miles de nacionales de Honduras a los que se les ha permitido vivir y trabajar en Estados Unidos desde 1999, tras el huracán que arrasó su país.
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La decisión, que se espera que se anuncie el viernes, quitará la protección a más de 50.000 hondureños, el segundo grupo más grande de extranjeros que se benefician del estatus, según dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security – DHS).
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Decidida a frenar tanto la inmigración legal como la ilegal, la administración Trump ha eliminado desde el año pasado protecciones similares para los ciudadanos de varios países. Esta semana, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, determinó que las condiciones han mejorado lo suficiente en Honduras como para justificar la suspensión del estatus de protección para sus ciudadanos en Estados Unidos, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la decisión por adelantado.
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Es probable que los administradores del programa den a los hondureños en el programa unos meses para poner sus asuntos en orden antes de tener que irse.
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«Lo hice todo bien: trabajé duro, creé una empresa, tuve dos hijos e hice inversiones aquí», dijo Samuel Contreras, un contratista con licencia en Long Island que llegó en 1998, poco después de que el huracán Mitch azotara Honduras. «El banco aprobó una hipoteca de 300.000 dólares porque tengo buen crédito e ingresos. Ahora no sé qué pasará».

Hace dos semanas, la administración anunció que 9.000 nepalíes con una protección similar debían marcharse. En enero, canceló la protección de 200.000 salvadoreños, notificándoles que debían salir en septiembre de 2019. El año pasado, decidió que 45.000 haitianos deben salir antes de julio de 2019 y 2.500 nicaragüenses deben irse antes de enero de ese año.
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Pero de todos estos países, Honduras es quizás el más volátil. La nación centroamericana tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Las irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado noviembre han dado lugar a masivas protestas callejeras, que se han vuelto violentas.
Firmado por el Presidente George Bush en 1990, el programa de estatus de protección temporal permitió en su día vivir en Estados Unidos a unas 435.000 personas procedentes de 10 países asolados por catástrofes naturales, guerras y otros conflictos.
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«El Estatus de Protección Temporal (Temporal Protection Status – TPS) seguirá existiendo, pero se habrá vaciado prácticamente de beneficiarios en un momento donde se encuentra el mayor número de víctimas de desplazamiento forsozo de la historia reciente y de un número sin precedentes de crisis complejas que dan lugar a desplazamientos», dijo Donald Kerwin, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York.
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Los defensores de los inmigrantes y el gobierno hondureño habían pedido a Estados Unidos que prorrogara el programa, como ha ocurrido varias veces desde 1999. Esta semana, más de 600 líderes religiosos firmaron una carta en la que pedían a la administración una prórroga de 18 meses, calificando de «desmesurado» el cese.
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«Esto no puede ser», dijo Cristiane Rosales-Fajardo, fundadora de NOLA Village, un grupo de defensa en Nueva Orleans, donde los hondureños superan en número a otros hispanos. «Reconstruyeron nuestras casas y la ciudad tras el huracán Katrina. Cuando nadie quería venir, ellos estaban aquí devolviéndole la vida a Nueva Orleans».
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Según el Centro de Estudios Migratorios, los hondureños con estatus de protección tienen 53.500 hijos nacidos en Estados Unidos; el 85% participa en la fuerza laboral, en comparación con el 63% de la población general de Estados Unidos; y casi el 20% tiene hipotecas.
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«Nunca he recibido un céntimo del gobierno», dijo el Sr. Contreras, el contratista de Long Island.
El fin de la protección para su esposa, que es de El Salvador, fue el primer golpe para la familia del Sr. Contreras, que se ha convertido en un activista de la inmigración en una organización llamada Make the Road New York.
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La administración Trump dice que un programa diseñado para proporcionar ayuda temporal, relacionada con el desastre, se ha convertido en cambio en una luz verde casi permanente para cientos de miles de personas. Sostiene que el único criterio que debe tener en cuenta el gobierno para continuar con el programa es si el motivo original de la asignación del estatus -en este caso, la devastación por el huracán- persiste.

Por MIRIAM JORDAN — THE NEW YORK TIMES

4 de mayo de 2018

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