Jack craver: cárceles para refugiados en Estados Unidos

Articulo completo sobre refugiados en Estados Unidos, por Jack Craver aquí (Inglés).

Tenemos traficantes de drogas, tenemos violadores, tenemos asesinos». Esta es la calumnia contra los inmigrantes latinoamericanos (en su mayoria, refugiados) que hizo famosa Donald Trump.

Desgraciadamente, está a solo un par de palabras de la verdad. Los asesinatos y las violaciones son, en efecto, los principales motores de la inmigración en este país. Pero los que inundan las fronteras son casi todos víctimas, no autores.

La mayoría son mujeres. Casi todos han sido golpeados, muchos han sido violados y muchos han visto a amigos y familiares asesinados. Llegan a Estados Unidos por desesperación, con la esperanza de que la Tierra de las Oportunidades les permita vivir, trabajar y formar una familia en paz.

«Mi padre me enseñó que hay que arriesgar para ganar», dice Rosa, una joven de diecinueve años que huyó de El Salvador después de que su padre fuera asesinado intentando protegerla del líder de la banda que la violó. «En este caso, tenemos que arriesgar para no morir».

Rosa es una de los siete refugiados ex detenidos que he entrevistado en los últimos meses, todos ellos viven ahora en Austin (Texas), algunos de los cuales siguen esperando que se decida su situación. Todos menos uno aceptaron hablar solo si no utilizaba nombres reales.

Algunos temen exponerse a sí mismos o a sus familias a represalias; a otros les preocupa que hablar con franqueza sobre el mal trato que sufrieron como detenidos pueda poner en peligro los procedimientos legales pendientes en Estados Unidos. Ambas preocupaciones están bien fundadas.

No se puede culpar a estos refugiados, todos ellos alojados en uno de los varios centros de detención de Texas, de no tener fe en el sistema legal estadounidense. Muchos han cumplido con las normas y aun así han sido tratados como criminales, no solo por Trump, sino por líderes típicamente considerados simpatizantes de los inmigrantes, sobre todo el presidente Obama.

Aunque el Presidente ha abogado por sacar de la sombra a los inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en Estados Unidos, su administración también ha respondido al aumento de los refugiados centroamericanos intentando detener y deportar rápidamente a miles de mujeres y niños.

No solo no son bienvenidos en nuestro país, sino que a menudo pasan su tiempo entre rejas, una cruel ironía, ya que son las víctimas y no los autores de los delitos.

Tina, una mujer mexicana de veintinueve años, tiene una historia típica. Propietaria de un restaurante en una pequeña ciudad, fue secuestrada una noche por un grupo de policías en busca de dinero. Exigieron un rescate de medio millón de pesos (unos 28.000 dólares), que ella insistió en que no tenía. Para asegurarse de que decía la verdad, la torturaron durante una semana, sujetándole la cabeza bajo el agua y aplicándole descargas eléctricas. Cuando terminaron, la entregaron a un juez con cargos falsos de tráfico de drogas.

Todos esos detalles los cuenta con naturalidad, en español. Solo en un momento posterior de la conversación, cuando menciona que fue violada por los guardias durante los nueve meses que pasó posteriormente en prisión, las lágrimas brotan de sus ojos.

«Sabía que al menos aquí eso no ocurriría», dice para explicar su decisión de venir a Estados Unidos.

Tina había estado en este país hace años como trabajadora indocumentada, limpiando casas y enviando dinero a su país, una situación provocada por las facturas médicas de su padre enfermo. Esta vez, su decisión de venir a Texas no tenía nada que ver con ganar dinero, sino con salvar su vida. Cuando llegó a la frontera con su marido y su hija y dijo a un agente fronterizo que solicitaba asilo en Estados Unidos, le dijeron que tendría que ser detenida si cruzaba. Sin otras opciones, se entregó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza, dice Tina, hizo todo lo posible para que se devolviera. Al igual que otros refugiados con los que hablé para este reportaje, Tina relató que la habían metido en una habitación donde el aire acondicionado estaba a niveles que dejaban a sus ocupantes temblando de frío. Sus peticiones de jerseys o abrigos fueron rechazadas.

Los grupos de inmigrantes afirman que se trata de una forma de tortura para obligar a los detenidos a firmar los papeles de deportación. La Patrulla Fronteriza ha insistido en que sus agentes no exponen deliberadamente a los detenidos a temperaturas extremas, pero los defensores de los derechos de los inmigrantes señalan que las historias de tales condiciones son tan comunes que la infame sala se ha ganado incluso un apodo: la hielera (the icebox).

«El abuso es generalizado», dice Kate Lincoln-Goldfinch, abogada de inmigración en Austin. «La comida es terrible, si es que llega. Las luces están encendidas las 24 horas del día. Se disuade a la gente de pedir asilo. Les dicen que si solicitan asilo, estarán detenidos durante semanas y semanas».

El objetivo aparente es conseguir que los refugiados detenidos firmen los papeles de deportación, renunciando a su derecho a solicitar asilo legal. A veces lo hacen, a veces no.

«Se enfadaron mucho, pero les dije que no, que no iba a firmar», relata Rosa. «Lo único que tenía en mente era qué iba a pasar si me devolvían a El Salvador».

El Centro Residencial T. Don Hutto, uno de los setenta y nueve centros de detención de inmigrantes y refugiados del país -y uno de los once de Texas-, está situado al norte de Austin. Es una prisión con fines de lucro, dirigida por Corrections Corporation of America.

Las condiciones en Hutto, un antiguo centro de detención para familias que ahora alberga solo a mujeres adultas, han mejorado para los detenidos desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) resolvió una demanda de 2007 presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union – ACLU). Antes, explica Lincoln-Goldfinch, «era una cárcel completa. Estaban en sus celdas doce horas al día. Ni siquiera se intentaba que pareciera alegre».

Lincoln-Goldfinch recuerda una familia a la que representó: «Su bebé llevaba un body de la cárcel y la madre me pidió que lo cogiera en brazos porque decía que olía a mundo exterior». Aunque las cosas han mejorado, dice, «sigue siendo una cárcel».

«Es una locura», dice Joel González, antiguo fiscal del ICE que ahora dirige un bufete de abogados de inmigración en San Antonio. «La idea de que en algún lugar de nuestras leyes se incluyan garantías a estas empresas con fines de lucro es una locura».

Las opiniones sobre las condiciones de los centros de detención son variadas. Uno de los ex detenidos con los que hablé pudo recibir atención médica y finalmente ver a un terapeuta. Pero Betty, otra salvadoreña, dice que cuando le señaló los moratones que tenía en el cuello por los días de abusos sexuales de los traficantes, un guardia se rió diciendo que a algunas mujeres les gustaba que las maltrataran. Dice González: «GEO y Corrections Corporation no me han impresionado realmente en cuanto a sus operaciones».

Rosa se unió a docenas de otras mujeres en Hutto en una huelga de hambre para protestar por las escasas raciones, el trato degradante del personal y, por supuesto, su confinamiento. El ICE ha negado que la huelga tuviera lugar, pero Grassroots Leadership, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes con sede en Austin, obtuvo diecinueve cartas manuscritas de detenidos que relataban con detalle las supuestas represalias del personal, incluido el confinamiento en solitario – «aislamiento médico», según el ICE- por su participación en la huelga de hambre.

Tina, que pasó cuatro meses en Hutto, estuvo representada en sus audiencias de asilo por abogados de American Gateways, un proveedor de servicios legales para inmigrantes sin ánimo de lucro con sede en Austin. Argumentaron con éxito que su persecución por parte de las fuerzas gubernamentales la convertía en candidata al asilo. Pero como Tina había entrado ilegalmente en Estados Unidos años antes, no puede obtener la residencia permanente ni la ciudadanía. Si las autoridades determinan que las condiciones en México han mejorado lo suficiente como para que su vida ya no corra peligro, Tina será deportada.

«No quiero volver», dice Tina. «Las cosas en México nunca cambiarán».

La única detenida que sí aceptó que se publicara su nombre, Gladys Campos de Paz, huyó de Guatemala en 2014. Como muchas otras en ese país, que tiene la tercera tasa de asesinatos de mujeres más alta del mundo, de Paz fue objeto de violencia y abusos. Propietaria de una pequeña tienda, fue extorsionada por los miembros de un cartel de la zona, que utilizaban su tienda para distribuir drogas. Cuando no vendía suficiente producto, la obligaban a compensar a los miembros de la banda con sexo.

Tras decidir abandonar Guatemala, de Paz se confió con recelo a un grupo de hombres que le prometieron llevarla a Estados Unidos, sólo para descubrir que no eran menos despiadados que los hombres de los que huía.

Alega que pasó casi tres meses encarcelada en un garaje de McAllen, Texas, como parte de lo que parecía ser una operación de tráfico de drogas y personas. Fue obligada a cocinar y limpiar para los miembros de la banda y sufrió repetidos abusos sexuales.

Finalmente, de Paz huyó de sus captores saltando de un coche en marcha, sufriendo graves heridas en la cara y la cabeza. Sus captores la alcanzaron de nuevo y finalmente la abandonaron en una zona remota, junto con otra docena de migrantes, donde fue descubierta y detenida por las autoridades de la patrulla fronteriza.

Al final, tras pasar tres meses detenida, de Paz fue considerada víctima de la trata de personas y se le concedió una visa T. Esto le concede la residencia permanente después de tres años en Estados Unidos siempre que se comprometa a cooperar con las autoridades en cualquier investigación relacionada con sus agresores.

De Paz trabaja ahora en una taquería de Austin, donde gana algo más de 9 dólares la hora, pero sufre dolores de cabeza crónicos relacionados con sus lesiones. Todavía tiene hijos en El Salvador.

La conclusión relativamente feliz de su caso se debe a la representación legal pro bono que recibió durante sus tres meses en Hutto, algo que la gran mayoría de los solicitantes de asilo no reciben. Y pocos son capaces de probar los casos por sí mismos.

«Se trata de una población con muy poca educación formal», explica Robert Painter, abogado de American Gateways. Casi ninguno de estos refugiados habla inglés y algunos, procedentes de zonas remotas de países centroamericanos donde se hablan lenguas indígenas, ni siquiera dominan el español.

Pero incluso aquellos que tienen el beneficio de una representación legal agresiva se enfrentan a un sistema que está en su contra, que los considera criminales hasta que se demuestre lo contrario.

«La ley es totalmente injusta», dice Jennifer Long, directora de la Casa Marianella, una organización de Austin (Texas) que acoge a refugiados. «Siempre ha sido totalmente injusto con los mexicanos y los centroamericanos».

A pesar de las horribles condiciones que obligan a los refugiados, incluidos miles de niños, a realizar el traicionero viaje a través de múltiples fronteras para llegar a Estados Unidos, sus solicitudes de asilo suelen fracasar. Esto se debe a que deben demostrar tanto que tienen un «temor razonable» de encontrar violencia al regresar a su país de origen como que la violencia se debe a su raza, religión, origen nacional, opinión política o pertenencia a un grupo social.

Estos criterios tienen el efecto perjudicial de dificultar la obtención de asilo a personas en condición de refugiados procedentes de países sumidos en la violencia, explica Virginia Raymond, abogada de inmigración de Austin. «Cuanto más peligro corra todo el mundo, más difícil será demostrar que se persigue a un ser humano en particular», afirma. «Todo el mundo está siendo extorsionado en El Salvador».

Incluso a las personas que puedan demostrar que han sido violadas, tiroteadas, amenazadas de muerte o que sus familiares han sido asesinados se les puede denegar el asilo, si no pueden demostrar que han sido señalados por esta estrecha lista de razones. Raymond habla de una clienta que tuvo recientemente, que fue violada por un miembro de una banda y dio a luz a su hijo. Huyó tras ser presionada para entregar al violador su bebé.

La solicitud de asilo de la mujer, dice Raymond, fue rechazada.

Las decisiones en materia de asilo suelen depender del juez que se encargue del caso.

Los siete jueces de San Antonio (Texas), donde a menudo se juzgan estos casos, varían mucho en su enfoque. La jueza más generosa, Margaret D. Burkhart, falló a favor del asilo en dos tercios de los 136 casos que llevó entre 2009 y 2014. Por el contrario, el juez Gary Burkholder concedió asilo en apenas un 8,4% de los 236 casos que atendió durante ese tiempo.

Los fiscales del ICE también varían, pero rara vez utilizan su discreción como funcionarios del gobierno para apoyar una solicitud de asilo. «Adoptan la posición de que si usted ha entrado en [el país] sin inspección, entonces usted es deportable», dice el abogado Painter.

La agencia denegó mi solicitud de entrevistar a un fiscal actual del ICE.

González, que ha trabajado tanto para el ICE como para los solicitantes de asilo, dice que muchos fiscales y jueces del ICE creen que una postura más indulgente abriría las puertas a los inmigrantes o refugiados. De hecho, muchos piensan que el control de la inmigración es el objetivo de la Administración Obama al tomar medidas contra los solicitantes de asilo. Pero González ofrece una explicación adicional: «Creo que muchos de los abogados del ICE se han cansado un poco. Están cansados de escuchar los mismos tipos de solicitudes. Los jueces también se están cansando».

La buena noticia, según González, es que algunos jueces parecen estar suavizando su postura con respecto a las mujeres de El Salvador, Honduras y Guatemala, donde grandes zonas están dirigidas por pandillas y la violencia contra las mujeres es creciente. «Tengo que educar a los fiscales y a los jueces para que sepan que, incluso en nuestro marco actual, algunas de estas demandas tienen cabida», dice.

Es mucho más difícil que los mexicanos, incluidos los que viven en zonas controladas por los cárteles, consigan asilo porque todavía hay un gobierno democrático que aparentemente funciona. «Vi un caso en el que a un tipo le cortaron la pierna esos desgraciados y lo devolvieron de todos modos», dice Tony Díaz, otro abogado de inmigración de Austin.

Las protestas de Donald Trump sobre la inmigración -incluyendo sus afirmaciones de que el gobierno mexicano está enviando sistemáticamente a sus criminales en nuestra dirección- representan una posición extrema, pero no aislada. Después de todo, el presidente Obama tiene la dudosa distinción de haber deportado a más inmigrantes que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos. Y tras deleitar a los defensores de los inmigrantes en 2009 anunciando que dejaría de detener a familias en espera de asilo, la Administración Obama dio marcha atrás en 2014, desconcertando a muchos de los partidarios del presidente.

«Todavía me resulta chocante», dice Lincoln-Goldfinch. «Todavía no lo entiendo. Estos no son los criminales peligrosos». El cálculo político de Obama tampoco tiene sentido para ella. «No está recibiendo reconocimiento por ésto de parte de los republicanos», señala.

El abogado Raymond está de acuerdo. «No digo que Obama se corrompa por esto, pero no había ninguna razón para cambiar esta política», dice. «Los únicos que se benefician de ello son las empresas penitenciarias privadas».

Jack Craver es un escritor independiente en Austin, Texas.

Este artículo se publicó en el número de mayo de 2016 de la revista The Progressive.